La actividad, titulada La Profesión Académica en la Argentina: entre el Estado, el mercado y el COVID, forma parte del ciclo de seminarios abiertos de investigación organizado por el Instituto de Investigación en Educación Superior (IIES/UBA/ADUBA), creado con el fin de orientar y apoyar a los investigadores del instituto en la práctica de la profesión.
En esta ocasión, Cristian Pérez Centeno, licenciado en Ciencias de la Educación, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), donde se desempeña, además, como Coordinador Académico de Posgrados, ahondó sobre el estado de situación del ejercicio de la profesión académica en nuestro país.
Centeno repasó, siguiendo sus trabajos de investigación sobre la profesión académica, los rasgos principales del modo en que se está abordando la temática en nuestro país, que se pliega a recorridos similares a lo largo del mundo, especialmente su configuración, “tensionada por dos grandes actores que la regulan: el Estado y el mercado”.
Además, detalló el impacto de la pandemia en la academia universitaria en América Latina, y, particularmente, en Argentina. Entre los puntos trabajados, la responsabilidad de dar continuidad a la cuestión pedagógica, que recae principalmente en los docentes, las dificultades técnicas (en lo que respecta a recursos y conectividad), y la sobrecarga profesional.
Con respecto a la evaluación docente, dijo que es deseable la evaluación por pares, y afirmó que en nuestro caso está muy fuertemente ligada a los estudiantes “los docentes sentimos que estamos siendo evaluados por los estudiantes en cuanto a nuestra actividad docente”.
A la vez, alumbró “la falta de una coordinación de instrumentos de evaluación docentes institucionales vinculados a una estrategia de desarrollo amplia. Muchas son descolgadas” puede afectar la profesión, no obstante, en comparación con otros países de Latinoamérica, esa tendencia global en Argentina ha sido muy eficazmente resistitada, gracias a la marca reformista y un ejercicio docente y sindical muy potente”.
Sobre la remuneración directa por parte del Estado, sostuvo que los incentivos económicos para hacer investigación son escasos. “Es claro que si yo investigo no tiene que ver con ese incentivo”.
Hacia el final, remarcó que en nuestro sistema universitario público y no arancelado, “la gran parte de las ofertas nuestros niveles de postgrado y nuestra distancia están totalmente mercantilizadas, ligadas a oferta y demanda, con lo cual, si el posgrado está ligado a la investigación y yo le entregó al mercado una política que debiera ser del Estado, le estoy entregando al mercado la decisión respecto nuestra investigación”.
“Si es el mercado quién decide qué se investiga, quién investiga y cuándo se investiga, y de esta manera los temas están puestos por el mercado y no por las necesidades públicas. Otro tanto pasa con la educación a distancia. El Estado debe tener capacidad de regulación” cerró.
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